Petroleos ¿Mexicanos?
Carlos Acosta Córdova
Más allá del errático y polarizante debate sobre la presunta privatización de Petróleos Mexicanos, y de lo que se anime finalmente el gobierno de Felipe Calderón a presentar como propuesta para sacar del bache a la paraestatal, lo cierto es que sólo en la letra Pemex es “del pueblo” y de “los mexicanos”. En realidad, sus actividades centrales –con ganancias gigantescas– están en manos de grandes corporaciones trasnacionales.
Si bien Pemex es propiedad del Estado mexicano, el sector privado nacional y extranjero, lo mismo empresas que personas físicas, prácticamente controlan la industria petrolera nacional: realizan actividades directas en toda la cadena del petróleo, el gas y el resto de hidrocarburos, supuestamente prohibidas por la Constitución, o bien trabajan para la paraestatal por medio del contratismo desmesurado, que ha hecho de la paraestatal el gran negocio de cientos de miles de personas y empresas.
Sólo para ilustrar esto último: el catálogo de contratistas y proveedores de uno solo de los cuatro corporativos que conforman la compañía, Pemex Refinación, actualizado al 31 de enero, consta de más de 37 mil nombres de compañías y personas, nacionales y extranjeras. Entre esos nombres destaca por ejemplo el de Juan Bosco Abascal Carranza (proveedor número 1000040812, hermano de Carlos, secretario del Trabajo y de Gobernación en el sexenio pasado), encargado de impartir los cursos de moral a legisladores y gobernantes del Partido Acción Nacional, hasta empresas como Swecomex, de Carlos Slim, constructora de plataformas petroleras, y Union Pacific Railroad, la poderosa ferroviaria estadunidense dedicada sobre todo al transporte de mercancías.
No hay eslabón de la cadena petrolera que no esté invadida por particulares. Desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1989-1994), cuando Petróleos Mexicanos quedó dividida en cuatro subsidiarias (Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica), se le ha venido dando la vuelta a la Constitución y a diversas leyes para que, por medio de contratos y permisos, los particulares puedan participar y hacer negocio en actividades antes –y aun ahora, en algunos casos– reservadas a los mexicanos.
Si con Salinas la petroquímica legalmente dejó de ser un área estratégica –para que los capitales privados pudieran hacerse cargo de ella– y se inició la apertura de la industria del gas, con Zedillo y Fox se concretaron ambos procesos, con el agravante de que aun extranjeros tendrían facilidades para entrar en las dos áreas, incluso con una participación de control, en particular en el caso del gas.
De hecho, en materia de transporte, almacenamiento, distribución y comercio del gas natural, es poca la participación de Pemex. El gas es coto de empresas privadas, sobre todo extranjeras. No se diga la distribución, que es controlada por cinco trasnacionales. La principal de éstas, la española Gas Natural, es la distribuidora de gas número uno en México y tiene presencia en siete de las 14 zonas de distribución en el país, tiene 1 millón 120 mil clientes y una red de más de 15 mil kilómetros: en el Distrito Federal surte gas en 14 de las 16 delegaciones del gobierno capitalino.
Las otras cuatro son: las estadunidenses Sempra Energy y KN Energy, con fuerte presencia en Chihuahua, Baja California, Durango y Sonora; la franco-belga Tractebel-Suez, que controla la distribución de gas en Jalisco, Tamaulipas y Querétaro, y la francesa Gaz de France, con presencia en el norte de Tamaulipas y dominio en el Valle de México.
Pero si la distribución y comercialización eran los únicos renglones en los que la ley permitía participar a los empresarios nacionales y extranjeros, por vía de los Contratos de Servicios Múltiples ahora –desde 2003– lo pueden hacer también en el ámbito de la producción y el desarrollo de los campos de gas.
Gracias a ese mecanismo, también grandes empresas extranjeras pueden encargarse de todo el ciclo de exploración y producción de gas. Por lo menos en la cuenca de Burgos ya operan la poderosa petrolera española Repsol YPF, que ya tiene una sólida presencia en la parte estadunidense del Golfo de México en trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos; la argentina Techint-Tecpetrol; la brasileña Petrobras, en alianza con la japonesa Teikoku Oil, y la estadunidense Lewis Energy.
Permisos de almacenamiento con regasificación los han obtenido las trasnacionales estadunidenses Shell, Sempra Energy y Marathon Oil, líderes en productos y servicios y que operan en Tamaulipas y Baja California.
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La petroquímica nacional, bajo control de particulares desde hace unos tres lustros, es un desastre. Desde tiempos de Miguel de la Madrid se consideró que la industria no era prioritaria y que muy bien podrían encargarse de ella las empresas privadas. Con ese argumento, en aquel gobierno se hizo una primera reclasificación de los petroquímicos básicos, de 72 a 36; luego Salinas de Gortari los dejó en 20 y, al final de su gobierno, bajo los compromisos del TLCAN, quedaron sólo ocho.
Pero ha sido tal el desdén de los particulares que ahora el gobierno de Felipe Calderón pretende reactivar la industria petroquímica nacional para reducir la dependencia del exterior –las importaciones son abrumadoras. Para ello anunció, apenas hace 10 días, un espectacular plan no sólo para la construcción de una gran planta de etileno –a cargo de la iniciativa privada, a un costo de mil 700 millones de dólares– sino de la licitación de contratos de suministro, por 15 años, de etano y gasolinas.
La dependencia del exterior en materia de petroquímicos es tal que las importaciones han alcanzado cifras históricas con 12 millones de toneladas anuales, a un costo de 15 mil millones de dólares. En su informe de resultados de 2007, que dio a conocer el miércoles 27 de febrero, Pemex refiere que así como el valor récord de las ventas totales –1 billón 135 mil millones de pesos, 2.9% más que en 2006– se debió a un mayor precio internacional del crudo, las cuantiosas pérdidas netas de la paraestatal –más de 16 mil millones de pesos– fueron producto de una mayor importación de petrolíferos, principalmente de gasolinas. Las compras de éstas pasaron de 204 mil 700 barriles diarios, en 2006, a 307 mil 700 barriles por día, promedio, en 2007, es decir, un volumen superior en 50.3%.
El desastre de la petroquímica alcanza al Sistema Nacional de Refinerías. Hace poco, Francisco Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía del Senado, dijo: “No tenemos capacidad de almacenamiento suficiente y el sistema de transporte es costoso e ineficiente”. Es más, agregó, “estuvimos a punto de quedarnos sin gasolina, en la zona metropolitana, en diciembre pasado, porque no tenemos almacenamiento suficiente en el país.”
La gravedad del asunto la dan las propias cifras oficiales: la oferta de gasolinas de Pemex sólo cubre el 62% de la demanda nacional. Es decir de cada 10 litros que se consumen en el país, poco más de cuatro se importan, sobre todo de Estados Unidos, pero también de China y la India… y con nuestro propio petróleo.
Por ello, la propuesta de Calderón, sin ser explícita, apunta a la creación de refinerías “nacionales” pero de propiedad privada, inclusive extranjera. Los investigadores universitarios Víctor Rodríguez-Padilla y Ramón Pacheco interpretan así, en su ensayo Petróleo, gas natural y Pemex; proceso de privatización y alternativas, que hicieron público el 25 de febrero pasado:
“La propuesta de la corriente aperturista es que existan refinerías privadas que maquilen el crudo y entreguen los productos resultantes a Pemex. La Constitución prohíbe este tipo de infraestructura y actividad por parte del sector privado, porque la refinación forma parte tanto de la explotación petrolera como de la industria petrolera, ambas reservadas a la nación”.
Algunos aseguran que las “refinerías maquiladoras” cumplirían con la ley porque no habría transferencia de los derechos de propiedad; Pemex sería dueño del crudo y los productos resultantes; el inversionista privado sería dueño de la refinería y obtendría un margen por barril procesado con dos componentes: un cargo fijo para rembolsar las inversiones y un cargo variable dependiendo de la carga procesada; todos los riesgos serían para Pemex y el gobierno federal. Si la propuesta llega a prosperar se crearía una figura equivalente al “productor independiente de productos derivados del petróleo”. Será el “salinazo” de Felipe Calderón.
“Más adelante, dependiendo de cómo les fue con la primera parte de la apertura, vendría la libre importación y la liberalización de las actividades comerciales. Las refinerías maquiladoras se transformarían en ‘refinerías de mercado’. Las gasolinerías cambiarían la bandera Pemex por las de Shell, BP (British Petroleum), Chevron, Exxon-Mobil. Durante los últimos 15 años, desde la entrada en vigor del TLCAN, esas compañías han estado adquiriendo gasolinerías a través de prestanombres. Algunos gasolineros han firmado contratos con las trasnacionales para continuar como operadores de las estaciones de servicio cuando se liberalice el mercado.”
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El gobierno de Felipe Calderón, aun sin presentar la polémica iniciativa para transformar la industria petrolera nacional, ya ha dado muestras de que está decidido a abrir de par en par las puertas a la iniciativa privada, nacional y extranjera, aun en áreas reservadas.
Las cifras son elocuentes: en el gobierno de Ernesto Zedillo las inversiones en el sector energético, financiadas por el sector privado, sumaron poco más de 8 mil millones de dólares; en el gobierno de Fox, los contratos en el sector energético ascendieron a cerca de 30 mil millones de dólares, pero Calderón quiere más: en su primer año de gobierno se firmaron 642 contratos de obra pública con empresas nacionales y extranjeras, con un valor de 9 mil millones de dólares. Y este año va rápido: hasta mediados de febrero iban seis licitaciones públicas, nacionales e internacionales, para la ejecución de obras por un valor de 1 mil 380 millones de dólares.
Y para todo: construcción de infraestructura y mantenimientos de campos de gas; plantas de óxido de etileno para complejos petroquímicos; construcción y tendido de oleoductos y gasoductos; perforación, terminación y mantenimiento de pozos petroleros y elaboración de registros geofísicos de yacimientos de crudo.
Un análisis de la revista El mundo del petróleo, de Ferráez Editores, la empresa que edita la revista Líderes Mexicanos, señala –con base en información del IFAI– que de poco más de 3 mil empresas contratadas por Pemex y la CFE para la construcción de infraestructura energética sólo 27 han sido las más beneficiadas porque concentran obras y proyectos con un valor superior a los 21 mil 641 millones de dólares.
Pero resulta que son empresas extranjeras las que se llevan la mayor parte del pastel. Entre ellas: Halliburton, Repsol, Schlumberger, Bergensen Worldwide Limited, Lewis Energy, Baker Hughes, Bosnor, Keppel Offshore and Marine USA y China Petroleum. Son portentos trasnacionales que, en México, están en todo: explotación y producción de gas; perforación de pozos en el mar; provisión de barcos y unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga de petróleo; generación de electricidad, entre otras actividades.
Por otra parte, en materia de construcción de plataformas marinas, no es poca la presencia de empresas mexicanas: Swecomex, de Carlos Slim; ICA, de la familia Quintana, entre las más reconocidas, pero también Cigsa, Comintersa, Commsa y Cyemsa. Pero la demanda es más grande que la capacidad de las empresas mexicanas, de tal suerte que el gobierno ha echado mano de las extranjeras Upstream Engineering, Shaw Mexican Holding, Keppel Offshore and Marine, McDermott Internacional y la coreana Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, entre otras, para la construcción de plataformas.
Entre las compañías extranjeras favoritas de los gobiernos panistas destaca Halliburton, que tiene más de cien años de existencia y se especializa en el desarrollo de tecnologías de punta para la construcción de infraestructura civil para operaciones militares; es precursora y líder en servicios de energía. En un tiempo fue dirigida por el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney.
En México, Halliburton ha obtenido, desde 2002, 160 contratos de Pemex por 25 mil 800 millones de pesos (2 mil 345 millones de dólares) para trabajos de perforación y mantenimiento de pozos en las principales regiones productoras de crudo del país. El más reciente, anunciado apenas la semana antepasada, fue por 683 millones de dólares (poco más de 7 mil 500 millones de pesos), para trabajos de gestión de proyectos, servicios de perforación y terminación de 58 pozos petroleros en la región sur del país.
Pero Pemex también abre sus puertas a empresas presuntamente mexicanas. Le dio un contrato a DS Servicios Petroleros, S.A. de C.V., creada apenas el 15 de diciembre de 2006 –dos semanas después de la toma de posesión de Felipe Calderón– para ejecutar trabajos de geociencias, perforación, producción e infraestructura y operación de sistemas de producción. El monto del contrato es por 817 millones 122 mil 46 pesos, más 66.8 millones de dólares; su objetivo es la prestación de “Servicios integrales de optimización y desarrollo de campos en el sector Ébano-Pánuco-Cacalilao del Activo Integral Poza Rica-Altamira”, según consta en el contrato de Pemex Exploración y Producción, con número 424107840, del 14 de mayo de 2007.
Aunque el titular del contrato es de DS Servicios Petroleros SA de CV, la propuesta fue presentada conjuntamente con D&S Petroleum, SA de CV, filial del grupo compuesto por la mexicana Diavaz, la brasileña Petrobras y la japonesa Teikoku Oil.
En suma, la presencia de la iniciativa privada, nacional y extranjera, está en todos los sectores de la industria petrolera nacional. Muchos le llaman “privatización silenciosa”. Habrá que ver qué más quiere el gobierno de Felipe Calderón. (Con información de Rosalía Vergara) l
Fuente: Revista Proceso
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