Gabriel Sosa Plata
“Los reguladores han sido capturados por los regulados”: así se refería, en abril de 2007, Luis Téllez a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y emprendió la recuperación de ese órgano, reconfigurado luego de aprobarse la denominada ley Televisa en 2006.
Como titular de la SCT, Téllez avaló e impulsó la incorporación como comisionados de la Cofetel de Rafael del Villar, entonces subsecretario de Comunicaciones, y de Gonzalo Martínez Pous, director jurídico de la dependencia, en cumplimiento de una sentencia ejecutoria dictada por la Corte, luego de que ambos personajes se ampararon cuando el Senado los vetó, sin atribuciones, para ocupar dichos cargos. De esta manera, en septiembre de 2008, salieron de ese órgano Eduardo Ruiz y Gerardo González, mientras que el lugar de Rafael del Villar fue ocupado por Purificación Carpinteyro, cuyas diferencias con Téllez se hicieron evidentes al poco tiempo.
Previamente, el 15 de abril de 2008, la SCT envió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria un documento que pretendía poner orden sobre las atribuciones en materia de radio y tv abiertas a la SCT y a la Cofetel. El nuevo Reglamento Interior de la SCT relegaba a la Cofetel al papel de un órgano subordinado al Poder Ejecutivo, en particular a la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
De inmediato, surgió una fuerte oposición, particularmente de las empresas que impulsaron las reformas a la ley en 2006. A la Cofemer llegaron escritos de 20 empresas, la mayoría de ellas del empresario Ricardo Salinas Pliego y dos de Emilio Azcárraga. También manifestaron su molestia CIRT y la propia Cofetel. Los argumentos contra el reglamento se apoyaban en la idea de que se creaba una doble o una triple ventanilla y que las atribuciones que en materia de radio y tv, trasladadas “en exclusiva” a la Cofetel gracias a la ley Televisa y no consideradas inconstitucionales por la Corte, se regresaran a la SCT.
Sin embargo, esta última dependencia no hizo caso de las observaciones y siguió adelante con la aprobación del documento, argumentando que “de ninguna manera podría entenderse que el otorgamiento exclusivo de las facultades referidas a la comisión implique sustraerlas de la esfera de atribuciones del titular del ramo y, por ende, del presidente de la República”. El nuevo reglamento fue publicado el 8 de enero de 2009.
Fue entonces que el diputado del PRI y presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, César Duarte, retomó en plena efervescencia preelectoral el reclamo de las televisoras y de la Cofetel, y en febrero presentó ante la Corte, sin el consentimiento de la mayoría de los grupos parlamentarios, una controversia constitucional por el contenido del reglamento. Sus gestiones tuvieron éxito nueves meses después.
Lo que recién determinó la Corte es de vital importancia para el país y el futuro de los medios, al considerar inconstitucional la fracción 18 del artículo quinto del citado reglamento y que faculta al titular de la SCT a otorgar, prorrogar, refrendar o declarar administrativamente la caducidad, nulidad, rescisión y revocación de las concesiones y permisos en radio y tv abiertas. Ahora, estas atribuciones, como otras menos relevantes, serán de competencia exclusiva de la Cofetel.
Aunque habrá que esperar la sentencia definitiva para conocer sus efectos, son más las noticias malas que las buenas. Lo bueno es que avanzamos con una vieja demanda: la autonomía de la Cofetel. Lo malo es que ese órgano regulador no ha dejado de estar capturado por algunos de los regulados, sus atribuciones en telecomunicaciones siguen compartidas con la SCT y sus mecanismos de transparencia y gestión de cuentas son muy deficientes. También, el de por sí litigioso sector podría verse perjudicado nuevamente por los refrendos de radio que otorgó, sin facultades, el titular de la SCT, Juan Molinar.
Políticamente, es una derrota del gobierno de Felipe Calderón ante los grupos que quieren una Cofetel a modo y de un partido, en este caso el PRI, que promovió la controversia constitucional desde la Cámara de Diputados.
Nuevamente la Corte ofrece una oportunidad de oro para que los legisladores emprendan una reforma a la legislación en el sector que considere, entre otros aspectos, la autonomía constitucional plena de la Cofetel. Pero para ello, será necesario que, como se hizo cuando se aprobó la ley Televisa, se haga una “limpia” en el pleno de ese órgano para rescatar su credibilidad, transparencia y, sobre todo, autonomía en la toma de decisiones.
Profesor e investigador de la UAM-Xochimilco
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